PRIMERA PARTE: |
TERCERA PARTE:
Sin miedo, " ... una cacería de brujas ...", "... una cosa siniestra..."
Con estas frases los atribulados destituidos por el escándalo de las Becas Presidenciales en la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker y Carlos Rodríguez Fraticelli, respectivamente, han descrito el proceso llevado en su contra. Tomando la figura de la víctima apuran la última defensa en su caso. Hombres y mujeres, estos destituidos, que, como han manifestado, no tienen temor alguno, ni al proceso ni a sus consecuencias. Son hombres y mujeres, como quien dice, seguros de sí mismos, sin miedo.
Y como va de víctimas, yo quisiera repasar con mis queridas y queridos lectoras y lectores la vieja historia de Abraham e Isaac que era más o menos así (cito en espíritu y en verdad): el Señor, queriendo probar la fe de Abraham, le ordenó que sacrificara a su hijito Isaac y estando a punto de cortarle la yugular se oyó una voz que le decía: “Abraham, Abraham. No mates al muchacho, ni le hagas nada; porque ahora sé que puedo confiar en ti, porque sé que temes a Dios.” En ese momento oyó Abraham el balido de un corderito enredado entre la maleza, el conveniente sustituto del asustado Isaac quien para colmo, había incluso tenido que cargar, inocente de lo que le esperaba, la leña del sacrificio hasta lo alto del monte. Hasta aquí la historia.
Cualquiera se dará cuenta que en este relato la figura central es la de Abraham, cuyo papel se reduce a una sola cosa: anunciar a Isaac que él no es EL PADRE, sino el que da aviso del Padre; que él no es la LEY, sino alguien que habla en nombre de la Ley; que él no es la instancia última de la autoridad de la tribu o la familia, sino que hay “algo” que va por encima de él y que él representa, manifiesta, significa o simboliza; que también él, el padre que notifica, puede (y debe) tener temor, que no es Todopoderoso. Desde el punto de vista del relato, buen padre sólo puede ser el que ha sido (y sabido) ser un buen hijo; y a contrario sensu, ser un buen hijo es estar, en cierta forma, disponible para la imitación del padre mediante la aceptación de la posición siempre subordinada a la voz que trasciende. O sea, ser buen hijo es haber aprendido que el padre es alguien que anuncia, el que tiene un buen miedo, el que teme.
Si volvemos por un momento a nuestro pequeño teatro universitario y sus mercachiflerías de becas y posiciones, descubriremos un hecho interesante: una institución con jefes y jerarcas, con un régimen patriarcal agrario (al que cariñosamente hemos llamado La Finca) que manda y va, pero en el que está ausente la función notificadora. Un mando encarnado en ciertos individuos que no reflejan o manifiestan trascendencia alguna (entiéndase aquí por ésta el deber social, la responsabilidad del servidor público, los valores de la educación laica, por ejemplo). O sea: un patriarcalismo sin principio paterno. Un Abraham que es la Ley y la Voz en sí; un Abraham mudo, que no anuncia.
La victimología
Las víctimas (los seis destituidos han asumido la misma voz, en diferentes variantes) no es que no sean víctimas, sí que lo son. Pero víctimas de un aparato ciego y mudo, de un patriarcalismo carnicero que no oye más voz que la de su propio peculio, incapaz, y esto es grave, –incapaz, decimos– de reproducción. Por eso, estos “becados” (Pagán, Ríos, v.gr.) se ponen pico a pico nada más y nada menos que con la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico “impugnando” sus decisiones, sus investigaciones y procedimientos. Para profesores del común, como el que esto escribe, pasar siete años esperando por una opinión legal de Presidencia para crear un fideicomiso en Estudios Generales es cosa común. Para estos hijos adoptivos de La Finca, no: estos hijos del privilegio tenían las plazas asignadas antes incluso de que las hubieran solicitado; pueden argumentar y litigar sus “casos” con la mismísima Junta de Gobierno, en los periódicos de mayor circulación, ocupar la atención pública por semanas, e incluso continuar siendo defendidos a brazo partido por sus compinches aún a costa de los últimos jirones de su vergüenza académica.
Pero hay más: la victimización, que ya puede ser considerada un factor institucional (en el sentido epidemiológico, como el Aedes aegypti lo es al dengue o el zika) se propaga en esta santa casa de formas diversas. Si usted quiere ser oído o meter mollero, adscríbase a la causa LGBT, y verá cómo el administrador/a que no le consienta, caerá en la página de Cheo por machista, homofóbico/a, gay o lesbiana reprimido(a) o cualquier otro epíteto al uso. Adscríbase a la causa del género (whatever that means) y verá cómo se le abren puertas para foros, I’nas y demás zarandajas convenientemente sufragadas por los contribuyentes norteamericanos. Adscríbase a la causa de la afrodescendencia y tendrá Presidencias, Rectorías y Decanatos. Cojee, tosa o tenga alto nivel de azúcar en sangre, y podrá entrar al Recinto montado en el alazán del Acomodo razonable, tendrá los mejores salones de clase, las dispensas por ausencias o las sabáticas disfrazadas de licencias por enfermedad. Ah, recuerde que para cualquiera de los guisos que usted cocine en esta institución, deberá echarle un sobrecito de neonacionalismo (no importa el tipo, después que esté bajo la marca albizuísta de la patria como la “…madre enferma en el lecho y en acecho de ella un tirano…”) y podrá halagar a los paladares administrativos más exigentes. Que quiere dejar su huella como estudiante antes de irse de la Casa de Estudios, prepare una campañita contra el agua embotellada y tendrá un Senado Académico a sus pies para aprobarle prohibiciones (inconstitucionales) de venta de agua embotellada. ¿Que el agua embotellada es la única manera de conseguir agua en un recinto donde el 85% de las fuentes están dañadas? Qué más da, si ello nos hace ser los primeros en algo, aunque ello sea en pasar tan gazmoña directriz, entre las universidades de América. Pero hombre que no, que no digo que haya quienes lo merezcan, que verdaderamente hayan sufrido el prejuicio (que lo hay) por su orientación sexual o que hayan sufrido la desventaja de ser mujer en sus carreras, que hayan sido objeto de prejuicio racial o que lo(a)s aceche la desventaja por razón de alguna condición incapacitante; que las botellitas plásticas pueden hacer daño al ambiente, que sí, que sí lo sabemos. Que sí que hay discrimen y daño ambiental, de que lo hay, lo hay; como también sabemos que la institución tiene que dar ejemplo de custodio de los derechos fundamentales de todas y todos. Oiga, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa: que haya que estar en el catálogo de este victimario para poder medrar en esta casa, ya es otra cosa. Y muy distinta.
Quizás por eso a nadie que conozca este (melo) drama institucional le ha sorprendido la recurrencia a la victimización de los destituidos: se trata, en efecto y según los imputados, de una “cacería de brujas” y de una “cosa siniestra”. La cacería de brujas, con toda su evocación de cacería del cimarrón, viene como anillo al dedo, como motivo del esclavo fugitivo, al cual también “se caza”: la obediencia al Patrón, se paga con la persecución, el azote, el grillo y la cadena y la exposición al oprobio público (plaza de la plantación).
“Cosa siniestra”: y es que en la ideación de los destituidos, han convertido las Becas Presidenciales, esa inocente y expedita manera no burocrática de crear plazas, (en palabras de Rodríguez Fraticelli), en una cosa siniestra. Que es como decir que lo que era limpio, puro, originario, noble, exento de disputas y libre competencias, lo han convertido en un proceso contaminado con expedientes, investigaciones, tomas de juramento, confrontaciones de testigos y testimonios, en fin, en algo diabólico. “Volvamos…”, parecen reclamar, “…a la naturaleza de buenos salvajes de la que nunca debió salir esta Universidad, a los orígenes maternos de la amistad, la camaradería y el pacto de sangre, a la gloria del luchador, honra de la Universidad. Todo ese bello pasado de La Finca sacrificado a un burdo orden de rendimientos de cuentas. ¡Habráse visto!”
Velocidad y lentitud institucional
Y es que oyendo declaraciones como las anteriores, nos damos cuenta de que los procesos en esta institución pueden ser lentos o veloces como el rayo, dependen por el carril por el que vaya cada cual: si usas el expreso La Finca verás plazas otorgadas antes de ser solicitadas, presidencias, rectorías y decanatos a granel nombrados antes de iniciarse los procesos de consulta o que incluso los partidos opositores ganen las elecciones. Por eso trato de seguir el consejo de un profesor jubilado amigo mío que me dijo: nunca hables más de la cuenta delante de ningún o ninguna compañera en la iupi, puede ser la decana, el rector o la presidenta de la Universidad y que todavía tú no lo sepas. Me acordaba del loco del inicio del Zaratustra de Nietzsche cuando irrumpía en la taberna y gritaba que el rayo ya había caído, aunque no se hubiera escuchado el trueno.
Si vas, como la mayoría, por el carril de la gente menuda, el carril de los tiznaos, tus peticiones, tus cartas y súplicas por fuentes de agua podrán tardar dos años como poco, o incluso ni siquiera ser contestadas por rectores, decanos o demás administradores peticionados (hablo de un caso real); tus consultas legales para la creación de entidades universitarias pueden tardar siete u ocho años (la consulta a Presidencia en el antes dicho fideicomiso) y estar hasta el sol de hoy esperando, por lo menos, el prescriptivo acuse de recibo. Si usted, con las limitadas fuerzas que le dan su abolengo de obediente vasallo universitario trata de incoar una denuncia contra el plagio de una obra suya (obra que le ha costado trabajo, sudor y sangre) verá dilatarse las acciones hasta por años sin que finalmente los jerarcas (a quienes, seamos sinceros, esto de la propiedad intelectual les suena a chino) tomen acción alguna, esperando porque usted se canse, se olvide o simplemente porque le vaya venciendo el sentido de inadecuación y de ridículo. “Derechos de autor…, ¿con qué se come eso?”
Con miedo es mejor
Y es que nuestros destituidos, esperando el chivito expiatorio enredado entre la maleza que pudiera salvarlos del degüelle ritual, como nuevos Isaac universitarios, sostienen (todo sea dicho) un ciego pero sobre todo sordo aparato patriarcal, que si en un momento los quiso colocar en la vitrina universitaria como ejemplo de los tiempos de libertad, igualdad y fraternidad que traía el triunfo de la Familia García Padilla, ahora los destituye, humilla y desuella ante la mirada ya casi aturdida de la opinión pública. A ellos, a ellas que supieron cargar durante casi todo el cuatrienio tanta leña universitaria sin saber que eran ello/as mismos las víctimas del sacrificio.
Una Universidad patriarcal, pero sin principio paterno; padres carniceros que no han sabido anunciar la nueva de que, como padres (hablo del "padre" en un sentido psi-jurídico), sólo representamos en nuestro caso una ley que va por encima de todos, un interés en la educación y la transmisión de eso mismo a las futuras generaciones. Que como padres nuestra única labor en este mundo nuestro de cada día es la sencilla pero imprescriptible tarea de notificar que no somos nosotros y nosotras la ley como administradore/as o jerarcas, y que también nosotros y nosotras estamos sujetos y somos sujetos de la ley. En fin, que el ser maestras, que el ser maestros, es algo que hay que ganarse, que no hay papá en este mundo capaz de imponerlo u otorgarlo, porque ser maestro, ser maestra es ser capaz de poder escuchar la vieja voz cuando nos diga: detente, porque ahora puedo confiar en ti, porque sé que temes.
Y como va de víctimas, yo quisiera repasar con mis queridas y queridos lectoras y lectores la vieja historia de Abraham e Isaac que era más o menos así (cito en espíritu y en verdad): el Señor, queriendo probar la fe de Abraham, le ordenó que sacrificara a su hijito Isaac y estando a punto de cortarle la yugular se oyó una voz que le decía: “Abraham, Abraham. No mates al muchacho, ni le hagas nada; porque ahora sé que puedo confiar en ti, porque sé que temes a Dios.” En ese momento oyó Abraham el balido de un corderito enredado entre la maleza, el conveniente sustituto del asustado Isaac quien para colmo, había incluso tenido que cargar, inocente de lo que le esperaba, la leña del sacrificio hasta lo alto del monte. Hasta aquí la historia.
Cualquiera se dará cuenta que en este relato la figura central es la de Abraham, cuyo papel se reduce a una sola cosa: anunciar a Isaac que él no es EL PADRE, sino el que da aviso del Padre; que él no es la LEY, sino alguien que habla en nombre de la Ley; que él no es la instancia última de la autoridad de la tribu o la familia, sino que hay “algo” que va por encima de él y que él representa, manifiesta, significa o simboliza; que también él, el padre que notifica, puede (y debe) tener temor, que no es Todopoderoso. Desde el punto de vista del relato, buen padre sólo puede ser el que ha sido (y sabido) ser un buen hijo; y a contrario sensu, ser un buen hijo es estar, en cierta forma, disponible para la imitación del padre mediante la aceptación de la posición siempre subordinada a la voz que trasciende. O sea, ser buen hijo es haber aprendido que el padre es alguien que anuncia, el que tiene un buen miedo, el que teme.
Si volvemos por un momento a nuestro pequeño teatro universitario y sus mercachiflerías de becas y posiciones, descubriremos un hecho interesante: una institución con jefes y jerarcas, con un régimen patriarcal agrario (al que cariñosamente hemos llamado La Finca) que manda y va, pero en el que está ausente la función notificadora. Un mando encarnado en ciertos individuos que no reflejan o manifiestan trascendencia alguna (entiéndase aquí por ésta el deber social, la responsabilidad del servidor público, los valores de la educación laica, por ejemplo). O sea: un patriarcalismo sin principio paterno. Un Abraham que es la Ley y la Voz en sí; un Abraham mudo, que no anuncia.
La victimología
Las víctimas (los seis destituidos han asumido la misma voz, en diferentes variantes) no es que no sean víctimas, sí que lo son. Pero víctimas de un aparato ciego y mudo, de un patriarcalismo carnicero que no oye más voz que la de su propio peculio, incapaz, y esto es grave, –incapaz, decimos– de reproducción. Por eso, estos “becados” (Pagán, Ríos, v.gr.) se ponen pico a pico nada más y nada menos que con la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico “impugnando” sus decisiones, sus investigaciones y procedimientos. Para profesores del común, como el que esto escribe, pasar siete años esperando por una opinión legal de Presidencia para crear un fideicomiso en Estudios Generales es cosa común. Para estos hijos adoptivos de La Finca, no: estos hijos del privilegio tenían las plazas asignadas antes incluso de que las hubieran solicitado; pueden argumentar y litigar sus “casos” con la mismísima Junta de Gobierno, en los periódicos de mayor circulación, ocupar la atención pública por semanas, e incluso continuar siendo defendidos a brazo partido por sus compinches aún a costa de los últimos jirones de su vergüenza académica.
Pero hay más: la victimización, que ya puede ser considerada un factor institucional (en el sentido epidemiológico, como el Aedes aegypti lo es al dengue o el zika) se propaga en esta santa casa de formas diversas. Si usted quiere ser oído o meter mollero, adscríbase a la causa LGBT, y verá cómo el administrador/a que no le consienta, caerá en la página de Cheo por machista, homofóbico/a, gay o lesbiana reprimido(a) o cualquier otro epíteto al uso. Adscríbase a la causa del género (whatever that means) y verá cómo se le abren puertas para foros, I’nas y demás zarandajas convenientemente sufragadas por los contribuyentes norteamericanos. Adscríbase a la causa de la afrodescendencia y tendrá Presidencias, Rectorías y Decanatos. Cojee, tosa o tenga alto nivel de azúcar en sangre, y podrá entrar al Recinto montado en el alazán del Acomodo razonable, tendrá los mejores salones de clase, las dispensas por ausencias o las sabáticas disfrazadas de licencias por enfermedad. Ah, recuerde que para cualquiera de los guisos que usted cocine en esta institución, deberá echarle un sobrecito de neonacionalismo (no importa el tipo, después que esté bajo la marca albizuísta de la patria como la “…madre enferma en el lecho y en acecho de ella un tirano…”) y podrá halagar a los paladares administrativos más exigentes. Que quiere dejar su huella como estudiante antes de irse de la Casa de Estudios, prepare una campañita contra el agua embotellada y tendrá un Senado Académico a sus pies para aprobarle prohibiciones (inconstitucionales) de venta de agua embotellada. ¿Que el agua embotellada es la única manera de conseguir agua en un recinto donde el 85% de las fuentes están dañadas? Qué más da, si ello nos hace ser los primeros en algo, aunque ello sea en pasar tan gazmoña directriz, entre las universidades de América. Pero hombre que no, que no digo que haya quienes lo merezcan, que verdaderamente hayan sufrido el prejuicio (que lo hay) por su orientación sexual o que hayan sufrido la desventaja de ser mujer en sus carreras, que hayan sido objeto de prejuicio racial o que lo(a)s aceche la desventaja por razón de alguna condición incapacitante; que las botellitas plásticas pueden hacer daño al ambiente, que sí, que sí lo sabemos. Que sí que hay discrimen y daño ambiental, de que lo hay, lo hay; como también sabemos que la institución tiene que dar ejemplo de custodio de los derechos fundamentales de todas y todos. Oiga, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa: que haya que estar en el catálogo de este victimario para poder medrar en esta casa, ya es otra cosa. Y muy distinta.
Quizás por eso a nadie que conozca este (melo) drama institucional le ha sorprendido la recurrencia a la victimización de los destituidos: se trata, en efecto y según los imputados, de una “cacería de brujas” y de una “cosa siniestra”. La cacería de brujas, con toda su evocación de cacería del cimarrón, viene como anillo al dedo, como motivo del esclavo fugitivo, al cual también “se caza”: la obediencia al Patrón, se paga con la persecución, el azote, el grillo y la cadena y la exposición al oprobio público (plaza de la plantación).
“Cosa siniestra”: y es que en la ideación de los destituidos, han convertido las Becas Presidenciales, esa inocente y expedita manera no burocrática de crear plazas, (en palabras de Rodríguez Fraticelli), en una cosa siniestra. Que es como decir que lo que era limpio, puro, originario, noble, exento de disputas y libre competencias, lo han convertido en un proceso contaminado con expedientes, investigaciones, tomas de juramento, confrontaciones de testigos y testimonios, en fin, en algo diabólico. “Volvamos…”, parecen reclamar, “…a la naturaleza de buenos salvajes de la que nunca debió salir esta Universidad, a los orígenes maternos de la amistad, la camaradería y el pacto de sangre, a la gloria del luchador, honra de la Universidad. Todo ese bello pasado de La Finca sacrificado a un burdo orden de rendimientos de cuentas. ¡Habráse visto!”
Velocidad y lentitud institucional
Y es que oyendo declaraciones como las anteriores, nos damos cuenta de que los procesos en esta institución pueden ser lentos o veloces como el rayo, dependen por el carril por el que vaya cada cual: si usas el expreso La Finca verás plazas otorgadas antes de ser solicitadas, presidencias, rectorías y decanatos a granel nombrados antes de iniciarse los procesos de consulta o que incluso los partidos opositores ganen las elecciones. Por eso trato de seguir el consejo de un profesor jubilado amigo mío que me dijo: nunca hables más de la cuenta delante de ningún o ninguna compañera en la iupi, puede ser la decana, el rector o la presidenta de la Universidad y que todavía tú no lo sepas. Me acordaba del loco del inicio del Zaratustra de Nietzsche cuando irrumpía en la taberna y gritaba que el rayo ya había caído, aunque no se hubiera escuchado el trueno.
Si vas, como la mayoría, por el carril de la gente menuda, el carril de los tiznaos, tus peticiones, tus cartas y súplicas por fuentes de agua podrán tardar dos años como poco, o incluso ni siquiera ser contestadas por rectores, decanos o demás administradores peticionados (hablo de un caso real); tus consultas legales para la creación de entidades universitarias pueden tardar siete u ocho años (la consulta a Presidencia en el antes dicho fideicomiso) y estar hasta el sol de hoy esperando, por lo menos, el prescriptivo acuse de recibo. Si usted, con las limitadas fuerzas que le dan su abolengo de obediente vasallo universitario trata de incoar una denuncia contra el plagio de una obra suya (obra que le ha costado trabajo, sudor y sangre) verá dilatarse las acciones hasta por años sin que finalmente los jerarcas (a quienes, seamos sinceros, esto de la propiedad intelectual les suena a chino) tomen acción alguna, esperando porque usted se canse, se olvide o simplemente porque le vaya venciendo el sentido de inadecuación y de ridículo. “Derechos de autor…, ¿con qué se come eso?”
Con miedo es mejor
Y es que nuestros destituidos, esperando el chivito expiatorio enredado entre la maleza que pudiera salvarlos del degüelle ritual, como nuevos Isaac universitarios, sostienen (todo sea dicho) un ciego pero sobre todo sordo aparato patriarcal, que si en un momento los quiso colocar en la vitrina universitaria como ejemplo de los tiempos de libertad, igualdad y fraternidad que traía el triunfo de la Familia García Padilla, ahora los destituye, humilla y desuella ante la mirada ya casi aturdida de la opinión pública. A ellos, a ellas que supieron cargar durante casi todo el cuatrienio tanta leña universitaria sin saber que eran ello/as mismos las víctimas del sacrificio.
Una Universidad patriarcal, pero sin principio paterno; padres carniceros que no han sabido anunciar la nueva de que, como padres (hablo del "padre" en un sentido psi-jurídico), sólo representamos en nuestro caso una ley que va por encima de todos, un interés en la educación y la transmisión de eso mismo a las futuras generaciones. Que como padres nuestra única labor en este mundo nuestro de cada día es la sencilla pero imprescriptible tarea de notificar que no somos nosotros y nosotras la ley como administradore/as o jerarcas, y que también nosotros y nosotras estamos sujetos y somos sujetos de la ley. En fin, que el ser maestras, que el ser maestros, es algo que hay que ganarse, que no hay papá en este mundo capaz de imponerlo u otorgarlo, porque ser maestro, ser maestra es ser capaz de poder escuchar la vieja voz cuando nos diga: detente, porque ahora puedo confiar en ti, porque sé que temes.
CUARTA PARTE:
Follow the Money
No quiero que le tapen la cara con pañuelos
para que se acostumbre con la muerte que lleva.[1]
Oiga, y no es para menos a como decía el poeta, porque de aprobarse la revisión de las destituciones de los seis profesores universitarios hallados incursos en corrupción y venta de influencias por parte de la Junta de Gobierno en la Universidad de Puerto Rico, muchos, muchísimos serán los casos en apelación que tendrán que verse en la iupi. Y aunque pueda ser que, vueltas que da el mundo, no se produzcan las reinstalaciones al fin y al cabo, el mero hecho de la torcedura de brazo que ha recibido la Junta de Gobierno con la sola posibilidad de reconsiderar su casi unánime decisión, ya es bastante para dar pie a lo que aquí decimos. Cualquiera de los dos caminos (reinstalar o meramente reconsiderar) es un seguro paso al acto del deseo de muerte institucional, o sea, el suicidio de esta ya tristemente célebre corporación pública.
Si usted, por ejemplo, fue decano, fue decana, fue presidente, rector, ayudante, tuvo un descargue de tarea académica (tare) y no se lo quisieron volver a dar para completar su investigación; tuvo, como el que esto escribe, lo que llamamos la coordinación de una iniciativa académica y al cambiar la administración su iniciativa se fue con los Panchos, sepa que podría apelar su casito.
¿Qué?, ¿cómo? Pues porque ahora, si los destituidos son restituidos bajo la teoría de que no se siguió el debido proceso a ser removidos de sus posiciones de confianza, usted y yo podríamos acudir a esta lindura jurídica para apoyar nuestros propias, pequeñas y menudas causas, que ellas también son hijas de Dios.
El asunto es peliagudo y merece que lo veamos, como se dice en los tribunales, en sus méritos, aunque a mí, que no se me quita lo de maestro de encima, prefiero presentarlo en una tablita para su mejor comprensión.
1. Mitos y verdades
Mito 1: A l@s destituid@s se les privó del debido proceso de ley.
Realidad: Los destituidos ostentaban puestos de confianza. El cese en este tipo de funciones no activa la protección bajo la Decimocuarta Enmienda (DE) al debido proceso (“Nadie podrá ser privado de su libertad, propiedad o vida sin un debido proceso de ley.”). Controversia: ¿Eran, los puestos ocupados por l@s destituid@s, de su propiedad? No. ¿Tenía la Junta de Gobierno (JG) la capacidad en ley para llevar a cabo las destituciones? Sí, la JG es la autoridad nominadora con capacidad cuasi legislativa, cuasi ejecutiva y cuasi judicial. Ergo, no se activa la protección.
Mito 2. L@s destituidos no tienen más salida que allanarse a las determinaciones de la JG.
Realidad: Sí y no.
Sí, dentro del ámbito de la agencia, cuya fuente primaria de autoridad (la antedicha JG) 1) recibió las querellas 2) creó un procedimiento de investigación de las alegaciones 3) realizó la investigación y radicó el Informe conforme a la encomienda recibida 4) la JG lo distribuyó entre sus miembros, lo estudió, deliberó y votó en reunión debidamente constituida 5) acogió el Informe (podía no acogerlo o acogerlo en parte) 6) deliberó y emitió una decisión para la que tenía capacidad en ley.
No, porque, aunque dentro de la agencia no tienen más recurso de apelación, pueden acudir a los tribunales (las determinaciones de las agencias se apelan ante el Tribunal de Circuito). ¿Acudir a pedir qué? No pueden acudir a pedir que se les restituya en el puesto de confianza, pero pueden acudir a pedir resarcimiento por daños (morales, de reputación, económicos, por daños psicológicos). Este remedio extra institucional puede ser solicitado por daños concomitantes al proceso al que fueron sometidos, el ser sometid@s viciosamente a un exceso de publicidad, etc.
Mito 3: A l@s destituid@s los cobija la Sección 35.1.6 del Reglamento General de la UPR.[2]
Realidad: esta sección activa el debido proceso de ley cuando lo@s sancionad@s sean objeto de sanciones disciplinarias que atenten adversamente la situación económica o la reputación de un miembro del personal universitario. Como podrá verse, el término en controversia es el de sanciones disciplinarias. Las destituciones, ¿son sanciones disciplinarias? Y a fortiori, ¿la separación de un empleado de un puesto de confianza, ¿es una sanción disciplinaria? No. La separación ocurre luego de que la JG le retira la confianza a los profesores a los cuales había nombrado para ocupar dichos puestos (de confianza).
Realidad: La JG no sancionó disciplinariamente a los destituidos (eso es, precisamente, lo que está (o estaba) por verse cuando, como se esperaba, se pasara a la formulación de los cargos correspondientes con las posibles sanciones de retiro de plazas, descenso de rangos académicos, entre otros dispuestos reglamentariamente). La JG, como cuestión de hecho, no tenía que hacer investigación alguna para liberar los seis puestos, de Presidencia hacia abajo, y otorgarlos a otr@s seis profesores o personas del mundo de la administración pública.
Mito 4: La JG descansó en un Informe carente de objetividad, incompleto, de ánimo prevenido y prejuicio manifiesto.
Realidad: Las Juntas de Gobierno de las corporaciones públicas pueden destituir funcionarios en puestos de confianza basándose en informes especialmente peticionados, mediante recomendaciones de personas de dentro de la agencia o por cualquier medio a su alcance. Lo esencial al debido proceso es que la autoridad nominadora tome una decisión informada con conocimiento y comprensión de la evidencia ofrecida, sin que importe al caso el medio o mecanismo por el que esa inteligencia de la cuestión debatida llegue a su poder. (cf., Universidad de Puerto Rico v Lorenzo Hernández, 2012TSPR057).[3]
Mito 5: En el caso de las destituciones no ha habido presiones de funcionarios en altas posiciones gubernamentales.
Realidad: Esta alegación, esgrimida principalmente por los doctores Palmira Ríos y Rodríguez Fraticelli, queda desmentida de forma fehaciente. Con fecha de 25 de julio del presente el más alto ejecutivo territorial, el Gobernador García Padilla, expresó ante las cámaras de televisión que cubrían el acto del 25 de julio (whatever that means) que los críticos de la antedicha Palmira Ríos y el doctor Carlos Severino no tenían ni la credibilidad ni la altura moral de éstos: “García Padilla dejó saber que da credibilidad en esta controversia a Palmira Ríos, exdecana de Asuntos Académicos del recinto de Río Piedras y a Carlos Severino, exrector del recinto riopiedrense. Ambos han criticado públicamente la investigación. ‘Las personas con credibilidad al respecto, como Palmira Ríos y como Severino, han hablado al respecto. De las personas que han criticado el proceso, ninguno tiene la mitad de la credibilidad ni la altura moral en la universidad que tienen Palmira Ríos y Severino’, dijo García Padilla.” (cf., Vocero, http://elvocero.com/antonio-garcia-padilla-no-admitio-a-su-hermano-en-derecho/). El funcionario con mayor autoridad del territorio, autoridad nominadora de los miembros de la JG, exonera de forma perentoria a, por lo menos, dos de los destituidos. Los epítetos de personas mendaces o de baja estatura moral recaen sobre todo aquel que critique a estas dos personas, incluida la propia JG. Esto, más que presión de arriba, es una decisión, una exoneración y un mensaje claro a la JG de que han actuado de forma mendaz e inmoral. Adjudica el caso al dar crédito a Palmira Ríos, y quitándoselo, de facto, a la JG. Esta es una (importantísima) razón para la posible restitución.
2. El indebido proceso
A una sola voz l@s destituid@s han alegado que no han gozado de un debido proceso (DP). Si sentamos mientes sobre esta interesante frase, debido proceso, ¿a qué se refieren con ella?; ¿qué suposiciones de fondo hay en el reclamo? y, a fortiori, ¿cuántos debidos procesos pueden identificarse en este proceso?
Veamos.
En el segundo comentario distinguíamos entre dos órdenes normativos, el patriarcal agrario (La Finca) y el moderno tecno-científico (TC) (con el cual se escribe el Informe…,). De manera similar, el DP debe interpretarse desde estos dos órdenes.
Para la tecno-ciencia moderna, el DP es lo que establece jurídicamente la XIV Enmienda y su interpretación jurisprudencial: inter alia, derecho a carearse con los acusadores, a conocer la prueba en su contra, a tener una vista y un juzgador imparcial.
Para La Finca el DP es otra cosa: poder arrepentirse ante el capo o mayoral, la venganza cuando se lesionan intereses de uno (ojo por ojo…) sin intervención de terceros, derecho a ser protegido por uno o una más fuerte a quien se ha jurado lealtad.
Cuando apelan al DP se refieren al segundo orden, como si dijera: no fuimos protegidos por quienes se suponían que lo hicieran, no hemos tenido oportunidad de un desquite (venganza), no se nos dio –a cambio de nuestra lealtad– (todos) los beneficios pactados con el capo-mayoral. Por eso Palmira Ríos esgrime una aleccionadora argucia: “… no se citó a quienes yo le dije al Comité Investigador que citara...", –refiriéndose a Antonio García Padilla– como si estuviera haciendo una confesión ante un par de sicarios en un paraje solitario de la Carretera de Dos Bocas. O como si ella pudiera controlar en persona la investigación. Como no se hizo lo que ella dijo que había que hacer, no se le otorgó el debido proceso. Como los jefes del doctor Severino lo dejaron solo ante sus acusadores y destitución, no hubo debido proceso; como se violaron las pactos de la creación de plazas sin entrar en el proceso burocrático ("cosa siniestra" según Rod;irgues Fraticelli), no le han dado debido proceso al exDecano de Generales; como no le permitieron continuar atornillado a la silla (pero sobre todo, al presupuesto de casi 1,400 millones de dólares anuales de Presidencia a pesar de la decisión de la JG), el proceso en el caso doctor Walker no gozó del debido proceso.
Por eso, cuando se les dice que lo que ocupaban eran puestos de confianza, truenan al unísono: pues por lo mismo, parecen decir, no podemos ser destituidos... Los que aquí nos colocaron tuvieron su confianza puesta en nosotros, los capo-rales de La Finca confiaron en nosotros. De alguna forma, nos dieron un título propietario sobre las posiciones, precisamente porque éramos gente de confianza.
El tejemeneje del término “confianza” sólo se entiende si acudimos a las codificaciones respectivas en los dos registros. Para nosotros, las personas mendaces y de baja estatura moral que hemos criticado el “proceso”, confianza es otorgación de responsabilidades institucionales a un servidor público por el tiempo en que la autoridad nominadora lo juzgue conveniente para el mejor funcionamiento de la institución según los mejores intereses públicos. Para La Finca y sus alicates, es darse un tajo y juntar las muñecas.
Desde el punto de vista del código agrario, ellos y ellas todavía son personas de “confianza”. Entonces comprendemos su incomprensión de las acciones de la JG y cómo se van llevando a ésta a su mundo, en sus reconsideraciones, a sus sí pero no, y, en el peor de los casos, en la puesta en práctica de un indebido proceso que les provea las anheladas reinstalaciones. Y el manejo de $1,396,814,529, centavo más centavo menos, de los que habla el siguiente capítulo. (El viernes 5 de agosto de 2016 la JG decidió remitir a la Presidenta Interina de la Universidad, doctora Freites, la investigación junto con la apertura de una evaluación de las impugnaciones del exrector Carlos Severino.)
3. Follow the money
Estos dolorosos y enfáticos restos vestigiales del mundo agrario que aún pululan por nuestro mundo de poder universitario, se quejan lastimosamente de no haber recibido un debido proceso e insisten en mantenerse en sus posiciones de poder. ¿Por qué? Aquí conviene acudir a la opinión de los expertos, al menos del film noir. La mayoría de sus casos los resolvía Humphrey Bogart de acuerdo con una máxima que no he podido olvidar: follow the money.
Como somos interdisciplinarios, multidisciplinarios, trans, ultra, plus y hasta megadisciplinarios, vamos a ampararnos en la autoridad de Humphrey Bogart a ver si por ese camino alcanzamos un arrimadero mejor que el del Departamento de Justicia y sus Divisiones de Integridad Pública, que como dice una entretenida animadora de radio se ha pasado dando vueltas y vueltas y vueltas. Una rápida ojeada al Presupuesto nos mostrará lo siguiente:
Presupuesto por funcionario para el Año 2015-2016.
(Cálculo del presupuesto manejado en su gestión. Calculamos 4 años pero podrían ser 3. En ese caso, réstele un año del reglón correspondiente a Presupuesto 2015-2016. La primera cifra corresponde al presupuesto para el año 2015-2016 y la segunda al presupuesto manejado en 4 años. Puede haber variaciones para cada año, el cálculo lo hacemos en espíritu y en verdad.)
Dr. Severino[4]
$1,563,529
$6,254,116.00
Dra. Palmira Ríos[5]
$4,444,508
$17,778,032.00
Dr. Rodríguez Fraticelli[6]
$17,602,668
$70,410,672.00
Dr. Walker[7]
$1,395,251,000
$5,581,004,000.00
TOTALES
$1,396,814,529
$5,675,446,820
En total, (sin contar a la doctora Camacho que para los efectos está bajo el Presupuesto del doctor Walker) en guarismos $5,675,446,820; en cristiano: cinco mil seiscientos setenta y cinco millones, cuatrocientos cuarenta y seis mil, ochocientos veinte mil dólares. Centavo más centavo menos.
Si seguimos la máxima Bogart, notaremos, a poco que sentemos mientes en ello, que hay muchas razones para querer ocupar estos puestos. No se trata de seis profesores sancionados disciplinariamente; se trata de que la administración de casi seis mil millones de dólares cambiaron de manos en el lapso de dos semanas. Se le quita la administración de esa cantidad de dinero a seis funcionarios, no porque hayan faltado mucho a clases o hayan dado muchas efes en un grupo (por sanciones disciplinarias). Se le quita por profundos cambios en la corteza magmática institucional y en las placas geodésicas de la alta política del capital local e internacional. Que empieza a preparar una fundación nueva para la Universidad.
En una palabra: se le quita porque de acuerdo con alguna mirada macroscópica financiera esta gente no es competente para manejar este tipo de altas finanzas. Son investigadores y gente de libros, sociólogos, historiadoras, pero sobre todo, ideólogos e ideólogas que llegaron a esas posiciones por un azar del destino de La Finca, pero no por su capacidad para manejar tal masa de capital corporativo. Y así como llegan, se van.
4. Consecuencias legales de la revisión del caso
Oiga, y no hay que ser un Cicerón para darse cuenta de que, si ahora usted puede tener una causa de acción porque no le renovaron un tare, porque los que ganaron las últimas elecciones lo sustituyeron, porque el/la rector(a) nuev@ lo montó en el cohete, o porque su iniciativa no entró en el nuevo presupuesto –no hay que ser un Cicerón, digo– para saber que la fila de l@s apelantes llegará a Ponce. ¿Le causó menoscabo económico? Pues claro, un curso menos de compensación. ¿Lesionó su reputación académica? Hombre, pues claro que sí, imagínese, con qué cara se presenta uno en agosto a recoger sus cositas del cubículo que le prepararon para acomodar su proyecto? ¿Qué van a decir las malas lenguas?
A mí, que como cada quien he tenido mis sinsabores en la agencia, me encanta este precedente Severino de la activación del debido proceso en casos de remoción de puestos de confianza, porque me daría el derecho a exigir la revisión de todos los tares que no me dieron o los proyectitos de que me despojaron, que ya, después de 28 años, se han ido acumulando. No importa que pertenezcamos a esa gran mayoría de personas mendaces y de baja estatura moral que hemos criticado el “proceso”, porque firme será nuestro propósito de enmienda. ¿Que estaría prescrita la causa de acción? No, si usamos el año prescriptivo por analogía con los casos de daños y perjuicios, cuyo término empezaría a correr a partir del antedicho precedente Severino.
5. Consecuencias morales
La mayor es la pérdida de credibilidad (la que le pudiera quedar, si alguna, luego de ser llamados mendaces e inmorales por el máximo ejecutivo del país) a la JG. Porque restituir a los destituidos, se podría, pero, ¿bajo qué criterio? Ensayemos algunos: 1) que no leímos bien el Informe; 2) que atropellamos a los destituidos; 3) que fuimos inducidos por un Informe viciado; 4) que no se oyeron a los que eran objeto de la pesquisa; 5) que lo que hicimos como cuerpo directivo de la Universidad fue una cacería de brujas, convertimos el proceso en una cosa siniestra; 6) que no hubo presiones de arriba; 7) que los licenciados profesores de la Escuela de Derecho que testificaron sobre lo dicho por Palmira Ríos mintieron; 8) que realmente somos (JG) personas mendaces e inmorales. A la falta de crédito de Puerto Rico en los mercados internacionales, habrá que añadir la falta de crédito (fides, veracidad) de los funcionarios de la institución llamada a la búsqueda y difusión de la verdad. Es más costoso, en términos del desgaste simbólico de la Universidad, reabrir un proceso adjudicativo con las consecuentes reinstalaciones que mantenerse en las decisiones tomadas.
6. El síndrome Mishima
La vieja costumbre japonesa del suicidio ante un fuerte azote del destino, suponía el sepuko, algo más sangriento que el harakiri, mediante el cual el inmolado se sacaba las vísceras de un cuchillazo mientras simultáneamente otro le cortaba la cabeza con un certero golpe de sable. Así escogió morir aquel poeta Mishima ante la pérdida irremediable del Japón de su corazón.
Aquí me viene a la mente el recuerdo del poster que mostraba una calavera en la macabra oficina del dentista al que me llevaban mis viejos en Bayamón, y que decía: “… como te ves, me vi; como me ves, te verás…”. Estas seis buenas personas de confianza de La Finca tienen ahora la oportunidad de decirle a sus capataces lo que nos decía a los niñitos la calavera de la oficina dental: como me ves, te verás. Tiempos vienen, no vemos la hora, en que toda esta satrapía de embelesadores y embelesadoras sean sustituidos por administradores profesionales externos, que la Universidad de Puerto Rico tenga, no señores y señoras presidentes, señores y señoras decanas, sino jóvenes profesionales de la administración y la alta gerencia. En que los profesores y las profesoras vengan a esta institución a formarse en cooperativismo empresarial, sin la sarta de complejos de culpas que le metieron entre cuero y carne las izquierdas de los sesenta a una juventud desprovista de mejores modelos y, sobre todo, sin las superstición del mundo que manaría leche y miel del supuesto fantasma que recorría Europa.
La Universidad de Puerto Rico, una entidad con un presupuesto mayor al de por lo menos cinco o seis de los países latinoamericanos que la fábula izquierdista intelectual sesentona ha querido imponernos como modelo, –la Universidad de Puerto Rico, digo– tendrá mejores tiempos, claro que sí, pero éstos no llegarán hasta que nuestra cultura institucional convierta en cenizas los viejos apellidos escritos en sus banderas, las supersticiones propias de su temporalidad y oscuridad agrarias, el reblandecimiento de sus cánones normativos, la farsa de la democracia participativa de sus cenobios y senados en larga espera, en larga espera, en larga espera, la hipocresía de su lenguaje burocrático-legal que sólo sirve para crear el retrato de aquella o aquel a quien se quiere marginar o contravenir en su camino de investigación y desarrollo, su obesa, desproporcionada y probablemente estéril organización administrativa y clerical, su incapacidad para el estímulo a la creación, la investigación y el saber, su gusto morboso por proclamarse Casa de Estudios o Primera Institución Universitaria del País, cosa que no es pero que proclama con una absoluta falta de pudor. En fin, vendrán tiempos mejores para esta institución, claro que sí, pero sólo si estamos dispuesto a dejar ir esta vieja, cansada, anquilosada casa.
A mí, que empecé a ver esto desde la perspectiva psi-jurídica, (que en todo sujeto se verifica la positivación de alguna forma de ley) me está sonando que a la ya centenaria alma mater le está aflorando una antigua pulsión de muerte metida en su inconsciente institucional. O lo que es lo mismo que decir que la corporación pública que con tanta ilusión creó el bueno de Samuel McCune Lindsay allá para el 1903, se quiere suicidar. Eso me apena y me entristece porque, a pesar de los pesares, después de 28 años en ella, aprendí a quererla; a mi manera, pero a quererla.
Tanto como para poder decir con el poeta:
“Duerme, vuela, reposa: ¡También se muere el mar!”[8]
Notas al Cuarto comentario:
[1] García Lorca, Federico, “Cuerpo presente” de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías.
[2] Sección 35.1.6 - Debido proceso de ley . – En todo caso en que pueda producirse alguna sanción disciplinaria que afecte adversamente la situación económica o la reputación de un miembro del personal universitario, deberá cumplirse con las siguientes garantías mínimas de debido proceso de ley: presentación detallada de un pliego de los cargos; oportunidad de ser oído y de confrontar la evidencia en su contra; oportunidad de presentar evidencia a su favor; y determinación de los hechos probados en un informe escrito del cual el empleado recibirá copia. En los casos cubiertos por la Sección 35.2.11 de este Reglamento, aplicará lo dispuesto en el Artículo 208 del Código Político de Puerto Rico (3 L.P.R.A. § 556).
[3] En lo pertinente señala: “Tal como requiere el procedimiento de adjudicación formal, la autoridad nominadora designa un Oficial Examinador para atender el trámite de la Querella y recibir prueba, pero retiene su facultad decisoria. Al ejercerla posteriormente, ésta no tiene que acoger la totalidad del Informe del Oficial Examinador de no considerarlo correcto. Sin embargo, esta decisión pudiera tornar más rigurosa su revisión posterior. Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 D.P.R. 908, 933-934 (1998); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 208 (1987). Lo “[e]sencial al debido proceso [es que la autoridad nominadora tome] una decisión informada con conocimiento y comprensión de la evidencia ofrecida, sin que importe al caso el medio o mecanismo por el que esa inteligencia de la cuestión debatida llegue a su poder”. A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875, 883 (1974). Es más, como hemos expresado, especialistas en diversas disciplinas del personal de la agencia pueden contribuir a la redacción de informes finales. La persona facultada a decidir puede descansar en estos, pues no cuenta necesariamente con el conocimiento especializado para ello.[8] A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, supra, pág. 882. Véase además, D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. Forum, pág. 185. (Énfasis suplido, CG)
[4] Certificación Núm. 12, Año 2015-2016 de la Junta Administrativa del Recinto de Río Piedras que puedes encontrar en: https://opep.uprrp.edu/referencia/presupuesto/PresupuestoUPRRP2015-2016.pdf). Visitada por última vez en 5 de agosto de 2016.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Presupuesto de la Universidad de Puerto Rico para el Año Fiscal 2015-2016 http://www2.pr.gov/presupuestos/PresupuestoAprobado2016-2017/PresupuestosAgencias/176.htm). Visitada por última vez en 5 de agosto de 2016.
[8] García Lorca, Federico, ibid.
para que se acostumbre con la muerte que lleva.[1]
Oiga, y no es para menos a como decía el poeta, porque de aprobarse la revisión de las destituciones de los seis profesores universitarios hallados incursos en corrupción y venta de influencias por parte de la Junta de Gobierno en la Universidad de Puerto Rico, muchos, muchísimos serán los casos en apelación que tendrán que verse en la iupi. Y aunque pueda ser que, vueltas que da el mundo, no se produzcan las reinstalaciones al fin y al cabo, el mero hecho de la torcedura de brazo que ha recibido la Junta de Gobierno con la sola posibilidad de reconsiderar su casi unánime decisión, ya es bastante para dar pie a lo que aquí decimos. Cualquiera de los dos caminos (reinstalar o meramente reconsiderar) es un seguro paso al acto del deseo de muerte institucional, o sea, el suicidio de esta ya tristemente célebre corporación pública.
Si usted, por ejemplo, fue decano, fue decana, fue presidente, rector, ayudante, tuvo un descargue de tarea académica (tare) y no se lo quisieron volver a dar para completar su investigación; tuvo, como el que esto escribe, lo que llamamos la coordinación de una iniciativa académica y al cambiar la administración su iniciativa se fue con los Panchos, sepa que podría apelar su casito.
¿Qué?, ¿cómo? Pues porque ahora, si los destituidos son restituidos bajo la teoría de que no se siguió el debido proceso a ser removidos de sus posiciones de confianza, usted y yo podríamos acudir a esta lindura jurídica para apoyar nuestros propias, pequeñas y menudas causas, que ellas también son hijas de Dios.
El asunto es peliagudo y merece que lo veamos, como se dice en los tribunales, en sus méritos, aunque a mí, que no se me quita lo de maestro de encima, prefiero presentarlo en una tablita para su mejor comprensión.
1. Mitos y verdades
Mito 1: A l@s destituid@s se les privó del debido proceso de ley.
Realidad: Los destituidos ostentaban puestos de confianza. El cese en este tipo de funciones no activa la protección bajo la Decimocuarta Enmienda (DE) al debido proceso (“Nadie podrá ser privado de su libertad, propiedad o vida sin un debido proceso de ley.”). Controversia: ¿Eran, los puestos ocupados por l@s destituid@s, de su propiedad? No. ¿Tenía la Junta de Gobierno (JG) la capacidad en ley para llevar a cabo las destituciones? Sí, la JG es la autoridad nominadora con capacidad cuasi legislativa, cuasi ejecutiva y cuasi judicial. Ergo, no se activa la protección.
Mito 2. L@s destituidos no tienen más salida que allanarse a las determinaciones de la JG.
Realidad: Sí y no.
Sí, dentro del ámbito de la agencia, cuya fuente primaria de autoridad (la antedicha JG) 1) recibió las querellas 2) creó un procedimiento de investigación de las alegaciones 3) realizó la investigación y radicó el Informe conforme a la encomienda recibida 4) la JG lo distribuyó entre sus miembros, lo estudió, deliberó y votó en reunión debidamente constituida 5) acogió el Informe (podía no acogerlo o acogerlo en parte) 6) deliberó y emitió una decisión para la que tenía capacidad en ley.
No, porque, aunque dentro de la agencia no tienen más recurso de apelación, pueden acudir a los tribunales (las determinaciones de las agencias se apelan ante el Tribunal de Circuito). ¿Acudir a pedir qué? No pueden acudir a pedir que se les restituya en el puesto de confianza, pero pueden acudir a pedir resarcimiento por daños (morales, de reputación, económicos, por daños psicológicos). Este remedio extra institucional puede ser solicitado por daños concomitantes al proceso al que fueron sometidos, el ser sometid@s viciosamente a un exceso de publicidad, etc.
Mito 3: A l@s destituid@s los cobija la Sección 35.1.6 del Reglamento General de la UPR.[2]
Realidad: esta sección activa el debido proceso de ley cuando lo@s sancionad@s sean objeto de sanciones disciplinarias que atenten adversamente la situación económica o la reputación de un miembro del personal universitario. Como podrá verse, el término en controversia es el de sanciones disciplinarias. Las destituciones, ¿son sanciones disciplinarias? Y a fortiori, ¿la separación de un empleado de un puesto de confianza, ¿es una sanción disciplinaria? No. La separación ocurre luego de que la JG le retira la confianza a los profesores a los cuales había nombrado para ocupar dichos puestos (de confianza).
Realidad: La JG no sancionó disciplinariamente a los destituidos (eso es, precisamente, lo que está (o estaba) por verse cuando, como se esperaba, se pasara a la formulación de los cargos correspondientes con las posibles sanciones de retiro de plazas, descenso de rangos académicos, entre otros dispuestos reglamentariamente). La JG, como cuestión de hecho, no tenía que hacer investigación alguna para liberar los seis puestos, de Presidencia hacia abajo, y otorgarlos a otr@s seis profesores o personas del mundo de la administración pública.
Mito 4: La JG descansó en un Informe carente de objetividad, incompleto, de ánimo prevenido y prejuicio manifiesto.
Realidad: Las Juntas de Gobierno de las corporaciones públicas pueden destituir funcionarios en puestos de confianza basándose en informes especialmente peticionados, mediante recomendaciones de personas de dentro de la agencia o por cualquier medio a su alcance. Lo esencial al debido proceso es que la autoridad nominadora tome una decisión informada con conocimiento y comprensión de la evidencia ofrecida, sin que importe al caso el medio o mecanismo por el que esa inteligencia de la cuestión debatida llegue a su poder. (cf., Universidad de Puerto Rico v Lorenzo Hernández, 2012TSPR057).[3]
Mito 5: En el caso de las destituciones no ha habido presiones de funcionarios en altas posiciones gubernamentales.
Realidad: Esta alegación, esgrimida principalmente por los doctores Palmira Ríos y Rodríguez Fraticelli, queda desmentida de forma fehaciente. Con fecha de 25 de julio del presente el más alto ejecutivo territorial, el Gobernador García Padilla, expresó ante las cámaras de televisión que cubrían el acto del 25 de julio (whatever that means) que los críticos de la antedicha Palmira Ríos y el doctor Carlos Severino no tenían ni la credibilidad ni la altura moral de éstos: “García Padilla dejó saber que da credibilidad en esta controversia a Palmira Ríos, exdecana de Asuntos Académicos del recinto de Río Piedras y a Carlos Severino, exrector del recinto riopiedrense. Ambos han criticado públicamente la investigación. ‘Las personas con credibilidad al respecto, como Palmira Ríos y como Severino, han hablado al respecto. De las personas que han criticado el proceso, ninguno tiene la mitad de la credibilidad ni la altura moral en la universidad que tienen Palmira Ríos y Severino’, dijo García Padilla.” (cf., Vocero, http://elvocero.com/antonio-garcia-padilla-no-admitio-a-su-hermano-en-derecho/). El funcionario con mayor autoridad del territorio, autoridad nominadora de los miembros de la JG, exonera de forma perentoria a, por lo menos, dos de los destituidos. Los epítetos de personas mendaces o de baja estatura moral recaen sobre todo aquel que critique a estas dos personas, incluida la propia JG. Esto, más que presión de arriba, es una decisión, una exoneración y un mensaje claro a la JG de que han actuado de forma mendaz e inmoral. Adjudica el caso al dar crédito a Palmira Ríos, y quitándoselo, de facto, a la JG. Esta es una (importantísima) razón para la posible restitución.
2. El indebido proceso
A una sola voz l@s destituid@s han alegado que no han gozado de un debido proceso (DP). Si sentamos mientes sobre esta interesante frase, debido proceso, ¿a qué se refieren con ella?; ¿qué suposiciones de fondo hay en el reclamo? y, a fortiori, ¿cuántos debidos procesos pueden identificarse en este proceso?
Veamos.
En el segundo comentario distinguíamos entre dos órdenes normativos, el patriarcal agrario (La Finca) y el moderno tecno-científico (TC) (con el cual se escribe el Informe…,). De manera similar, el DP debe interpretarse desde estos dos órdenes.
Para la tecno-ciencia moderna, el DP es lo que establece jurídicamente la XIV Enmienda y su interpretación jurisprudencial: inter alia, derecho a carearse con los acusadores, a conocer la prueba en su contra, a tener una vista y un juzgador imparcial.
Para La Finca el DP es otra cosa: poder arrepentirse ante el capo o mayoral, la venganza cuando se lesionan intereses de uno (ojo por ojo…) sin intervención de terceros, derecho a ser protegido por uno o una más fuerte a quien se ha jurado lealtad.
Cuando apelan al DP se refieren al segundo orden, como si dijera: no fuimos protegidos por quienes se suponían que lo hicieran, no hemos tenido oportunidad de un desquite (venganza), no se nos dio –a cambio de nuestra lealtad– (todos) los beneficios pactados con el capo-mayoral. Por eso Palmira Ríos esgrime una aleccionadora argucia: “… no se citó a quienes yo le dije al Comité Investigador que citara...", –refiriéndose a Antonio García Padilla– como si estuviera haciendo una confesión ante un par de sicarios en un paraje solitario de la Carretera de Dos Bocas. O como si ella pudiera controlar en persona la investigación. Como no se hizo lo que ella dijo que había que hacer, no se le otorgó el debido proceso. Como los jefes del doctor Severino lo dejaron solo ante sus acusadores y destitución, no hubo debido proceso; como se violaron las pactos de la creación de plazas sin entrar en el proceso burocrático ("cosa siniestra" según Rod;irgues Fraticelli), no le han dado debido proceso al exDecano de Generales; como no le permitieron continuar atornillado a la silla (pero sobre todo, al presupuesto de casi 1,400 millones de dólares anuales de Presidencia a pesar de la decisión de la JG), el proceso en el caso doctor Walker no gozó del debido proceso.
Por eso, cuando se les dice que lo que ocupaban eran puestos de confianza, truenan al unísono: pues por lo mismo, parecen decir, no podemos ser destituidos... Los que aquí nos colocaron tuvieron su confianza puesta en nosotros, los capo-rales de La Finca confiaron en nosotros. De alguna forma, nos dieron un título propietario sobre las posiciones, precisamente porque éramos gente de confianza.
El tejemeneje del término “confianza” sólo se entiende si acudimos a las codificaciones respectivas en los dos registros. Para nosotros, las personas mendaces y de baja estatura moral que hemos criticado el “proceso”, confianza es otorgación de responsabilidades institucionales a un servidor público por el tiempo en que la autoridad nominadora lo juzgue conveniente para el mejor funcionamiento de la institución según los mejores intereses públicos. Para La Finca y sus alicates, es darse un tajo y juntar las muñecas.
Desde el punto de vista del código agrario, ellos y ellas todavía son personas de “confianza”. Entonces comprendemos su incomprensión de las acciones de la JG y cómo se van llevando a ésta a su mundo, en sus reconsideraciones, a sus sí pero no, y, en el peor de los casos, en la puesta en práctica de un indebido proceso que les provea las anheladas reinstalaciones. Y el manejo de $1,396,814,529, centavo más centavo menos, de los que habla el siguiente capítulo. (El viernes 5 de agosto de 2016 la JG decidió remitir a la Presidenta Interina de la Universidad, doctora Freites, la investigación junto con la apertura de una evaluación de las impugnaciones del exrector Carlos Severino.)
3. Follow the money
Estos dolorosos y enfáticos restos vestigiales del mundo agrario que aún pululan por nuestro mundo de poder universitario, se quejan lastimosamente de no haber recibido un debido proceso e insisten en mantenerse en sus posiciones de poder. ¿Por qué? Aquí conviene acudir a la opinión de los expertos, al menos del film noir. La mayoría de sus casos los resolvía Humphrey Bogart de acuerdo con una máxima que no he podido olvidar: follow the money.
Como somos interdisciplinarios, multidisciplinarios, trans, ultra, plus y hasta megadisciplinarios, vamos a ampararnos en la autoridad de Humphrey Bogart a ver si por ese camino alcanzamos un arrimadero mejor que el del Departamento de Justicia y sus Divisiones de Integridad Pública, que como dice una entretenida animadora de radio se ha pasado dando vueltas y vueltas y vueltas. Una rápida ojeada al Presupuesto nos mostrará lo siguiente:
Presupuesto por funcionario para el Año 2015-2016.
(Cálculo del presupuesto manejado en su gestión. Calculamos 4 años pero podrían ser 3. En ese caso, réstele un año del reglón correspondiente a Presupuesto 2015-2016. La primera cifra corresponde al presupuesto para el año 2015-2016 y la segunda al presupuesto manejado en 4 años. Puede haber variaciones para cada año, el cálculo lo hacemos en espíritu y en verdad.)
Dr. Severino[4]
$1,563,529
$6,254,116.00
Dra. Palmira Ríos[5]
$4,444,508
$17,778,032.00
Dr. Rodríguez Fraticelli[6]
$17,602,668
$70,410,672.00
Dr. Walker[7]
$1,395,251,000
$5,581,004,000.00
TOTALES
$1,396,814,529
$5,675,446,820
En total, (sin contar a la doctora Camacho que para los efectos está bajo el Presupuesto del doctor Walker) en guarismos $5,675,446,820; en cristiano: cinco mil seiscientos setenta y cinco millones, cuatrocientos cuarenta y seis mil, ochocientos veinte mil dólares. Centavo más centavo menos.
Si seguimos la máxima Bogart, notaremos, a poco que sentemos mientes en ello, que hay muchas razones para querer ocupar estos puestos. No se trata de seis profesores sancionados disciplinariamente; se trata de que la administración de casi seis mil millones de dólares cambiaron de manos en el lapso de dos semanas. Se le quita la administración de esa cantidad de dinero a seis funcionarios, no porque hayan faltado mucho a clases o hayan dado muchas efes en un grupo (por sanciones disciplinarias). Se le quita por profundos cambios en la corteza magmática institucional y en las placas geodésicas de la alta política del capital local e internacional. Que empieza a preparar una fundación nueva para la Universidad.
En una palabra: se le quita porque de acuerdo con alguna mirada macroscópica financiera esta gente no es competente para manejar este tipo de altas finanzas. Son investigadores y gente de libros, sociólogos, historiadoras, pero sobre todo, ideólogos e ideólogas que llegaron a esas posiciones por un azar del destino de La Finca, pero no por su capacidad para manejar tal masa de capital corporativo. Y así como llegan, se van.
4. Consecuencias legales de la revisión del caso
Oiga, y no hay que ser un Cicerón para darse cuenta de que, si ahora usted puede tener una causa de acción porque no le renovaron un tare, porque los que ganaron las últimas elecciones lo sustituyeron, porque el/la rector(a) nuev@ lo montó en el cohete, o porque su iniciativa no entró en el nuevo presupuesto –no hay que ser un Cicerón, digo– para saber que la fila de l@s apelantes llegará a Ponce. ¿Le causó menoscabo económico? Pues claro, un curso menos de compensación. ¿Lesionó su reputación académica? Hombre, pues claro que sí, imagínese, con qué cara se presenta uno en agosto a recoger sus cositas del cubículo que le prepararon para acomodar su proyecto? ¿Qué van a decir las malas lenguas?
A mí, que como cada quien he tenido mis sinsabores en la agencia, me encanta este precedente Severino de la activación del debido proceso en casos de remoción de puestos de confianza, porque me daría el derecho a exigir la revisión de todos los tares que no me dieron o los proyectitos de que me despojaron, que ya, después de 28 años, se han ido acumulando. No importa que pertenezcamos a esa gran mayoría de personas mendaces y de baja estatura moral que hemos criticado el “proceso”, porque firme será nuestro propósito de enmienda. ¿Que estaría prescrita la causa de acción? No, si usamos el año prescriptivo por analogía con los casos de daños y perjuicios, cuyo término empezaría a correr a partir del antedicho precedente Severino.
5. Consecuencias morales
La mayor es la pérdida de credibilidad (la que le pudiera quedar, si alguna, luego de ser llamados mendaces e inmorales por el máximo ejecutivo del país) a la JG. Porque restituir a los destituidos, se podría, pero, ¿bajo qué criterio? Ensayemos algunos: 1) que no leímos bien el Informe; 2) que atropellamos a los destituidos; 3) que fuimos inducidos por un Informe viciado; 4) que no se oyeron a los que eran objeto de la pesquisa; 5) que lo que hicimos como cuerpo directivo de la Universidad fue una cacería de brujas, convertimos el proceso en una cosa siniestra; 6) que no hubo presiones de arriba; 7) que los licenciados profesores de la Escuela de Derecho que testificaron sobre lo dicho por Palmira Ríos mintieron; 8) que realmente somos (JG) personas mendaces e inmorales. A la falta de crédito de Puerto Rico en los mercados internacionales, habrá que añadir la falta de crédito (fides, veracidad) de los funcionarios de la institución llamada a la búsqueda y difusión de la verdad. Es más costoso, en términos del desgaste simbólico de la Universidad, reabrir un proceso adjudicativo con las consecuentes reinstalaciones que mantenerse en las decisiones tomadas.
6. El síndrome Mishima
La vieja costumbre japonesa del suicidio ante un fuerte azote del destino, suponía el sepuko, algo más sangriento que el harakiri, mediante el cual el inmolado se sacaba las vísceras de un cuchillazo mientras simultáneamente otro le cortaba la cabeza con un certero golpe de sable. Así escogió morir aquel poeta Mishima ante la pérdida irremediable del Japón de su corazón.
Aquí me viene a la mente el recuerdo del poster que mostraba una calavera en la macabra oficina del dentista al que me llevaban mis viejos en Bayamón, y que decía: “… como te ves, me vi; como me ves, te verás…”. Estas seis buenas personas de confianza de La Finca tienen ahora la oportunidad de decirle a sus capataces lo que nos decía a los niñitos la calavera de la oficina dental: como me ves, te verás. Tiempos vienen, no vemos la hora, en que toda esta satrapía de embelesadores y embelesadoras sean sustituidos por administradores profesionales externos, que la Universidad de Puerto Rico tenga, no señores y señoras presidentes, señores y señoras decanas, sino jóvenes profesionales de la administración y la alta gerencia. En que los profesores y las profesoras vengan a esta institución a formarse en cooperativismo empresarial, sin la sarta de complejos de culpas que le metieron entre cuero y carne las izquierdas de los sesenta a una juventud desprovista de mejores modelos y, sobre todo, sin las superstición del mundo que manaría leche y miel del supuesto fantasma que recorría Europa.
La Universidad de Puerto Rico, una entidad con un presupuesto mayor al de por lo menos cinco o seis de los países latinoamericanos que la fábula izquierdista intelectual sesentona ha querido imponernos como modelo, –la Universidad de Puerto Rico, digo– tendrá mejores tiempos, claro que sí, pero éstos no llegarán hasta que nuestra cultura institucional convierta en cenizas los viejos apellidos escritos en sus banderas, las supersticiones propias de su temporalidad y oscuridad agrarias, el reblandecimiento de sus cánones normativos, la farsa de la democracia participativa de sus cenobios y senados en larga espera, en larga espera, en larga espera, la hipocresía de su lenguaje burocrático-legal que sólo sirve para crear el retrato de aquella o aquel a quien se quiere marginar o contravenir en su camino de investigación y desarrollo, su obesa, desproporcionada y probablemente estéril organización administrativa y clerical, su incapacidad para el estímulo a la creación, la investigación y el saber, su gusto morboso por proclamarse Casa de Estudios o Primera Institución Universitaria del País, cosa que no es pero que proclama con una absoluta falta de pudor. En fin, vendrán tiempos mejores para esta institución, claro que sí, pero sólo si estamos dispuesto a dejar ir esta vieja, cansada, anquilosada casa.
A mí, que empecé a ver esto desde la perspectiva psi-jurídica, (que en todo sujeto se verifica la positivación de alguna forma de ley) me está sonando que a la ya centenaria alma mater le está aflorando una antigua pulsión de muerte metida en su inconsciente institucional. O lo que es lo mismo que decir que la corporación pública que con tanta ilusión creó el bueno de Samuel McCune Lindsay allá para el 1903, se quiere suicidar. Eso me apena y me entristece porque, a pesar de los pesares, después de 28 años en ella, aprendí a quererla; a mi manera, pero a quererla.
Tanto como para poder decir con el poeta:
“Duerme, vuela, reposa: ¡También se muere el mar!”[8]
Notas al Cuarto comentario:
[1] García Lorca, Federico, “Cuerpo presente” de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías.
[2] Sección 35.1.6 - Debido proceso de ley . – En todo caso en que pueda producirse alguna sanción disciplinaria que afecte adversamente la situación económica o la reputación de un miembro del personal universitario, deberá cumplirse con las siguientes garantías mínimas de debido proceso de ley: presentación detallada de un pliego de los cargos; oportunidad de ser oído y de confrontar la evidencia en su contra; oportunidad de presentar evidencia a su favor; y determinación de los hechos probados en un informe escrito del cual el empleado recibirá copia. En los casos cubiertos por la Sección 35.2.11 de este Reglamento, aplicará lo dispuesto en el Artículo 208 del Código Político de Puerto Rico (3 L.P.R.A. § 556).
[3] En lo pertinente señala: “Tal como requiere el procedimiento de adjudicación formal, la autoridad nominadora designa un Oficial Examinador para atender el trámite de la Querella y recibir prueba, pero retiene su facultad decisoria. Al ejercerla posteriormente, ésta no tiene que acoger la totalidad del Informe del Oficial Examinador de no considerarlo correcto. Sin embargo, esta decisión pudiera tornar más rigurosa su revisión posterior. Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 D.P.R. 908, 933-934 (1998); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 208 (1987). Lo “[e]sencial al debido proceso [es que la autoridad nominadora tome] una decisión informada con conocimiento y comprensión de la evidencia ofrecida, sin que importe al caso el medio o mecanismo por el que esa inteligencia de la cuestión debatida llegue a su poder”. A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875, 883 (1974). Es más, como hemos expresado, especialistas en diversas disciplinas del personal de la agencia pueden contribuir a la redacción de informes finales. La persona facultada a decidir puede descansar en estos, pues no cuenta necesariamente con el conocimiento especializado para ello.[8] A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, supra, pág. 882. Véase además, D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. Forum, pág. 185. (Énfasis suplido, CG)
[4] Certificación Núm. 12, Año 2015-2016 de la Junta Administrativa del Recinto de Río Piedras que puedes encontrar en: https://opep.uprrp.edu/referencia/presupuesto/PresupuestoUPRRP2015-2016.pdf). Visitada por última vez en 5 de agosto de 2016.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Presupuesto de la Universidad de Puerto Rico para el Año Fiscal 2015-2016 http://www2.pr.gov/presupuestos/PresupuestoAprobado2016-2017/PresupuestosAgencias/176.htm). Visitada por última vez en 5 de agosto de 2016.
[8] García Lorca, Federico, ibid.
QUINTA PARTE:
Buscando a Promesa....
La primera demanda de bonistas por impago.
Qué fue el crédito de la Universidad,
cómo lo perdimos y por qué
Oiga, y es que uno no deja de asombrarse con las cosas que se le ocurren a la Finca. Estaba yo en mi finquita de Toro Negro tratando de coger a Promesa, que así le pusimos a la guinea por lo bien desarrollada que estuvo desde que rompió el huevo, para hacer un arroz con guinea, habichuelas y amarillos fritos, cuando me llega al celular la carta de bienvenida de la doctora Freytes invitándonos a “…inventar futuro a lo Víctor Hugo…”, con cierto mohín contra los que creemos que en la uipi hay crisis y declarando que ella no tiene miedo.[1] Y digo que la Finca tiene ocurrencias, porque si bien parece que no le fue muy bien inventando el pasado con aquello de la Sociedad Económica de Amigos del País, ahora quiere repechar con la otra dimensión del tiempo, el porvenir. La cuestión es huirle al presente, como Drácula a la cruz.
Yo que, modestia aparte, cualifico para las tres alusiones, inmediatamente me senté debajo del palo de mantequero a inventar futuro a lo Víctor Hugo y cuando ya se me está ocurriendo una que otra ideílla, otro mensaje que entra en el celular: la demanda de US Bank contra el ELA, el Gobernador García Padilla y la mismísima doctora Freytes González. “…Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé…”, como decía el poeta. Me pongo a leer la demanda y cuando iba por la cuarta página y me estaba entrando eso que llamamos en la jerga, la melancolía jurídica, miro y ya a Promesa no se le veía ni el rabo.
Me entra entonces el trance de terminar de leer la demanda o seguir inventando futuro a lo Víctor Hugo, y no pudiendo decidir por ninguna de la dos opté por terminar de leer los 36 pliegos del texto legal viendo a ver si conjugadamente, como dice uno cuando hace las tesis, complacía la amable convocatoria de inventos de porvenires.
En eso aparece Don Balta, un vecino que me está ayudando con la finquita y al verme cabizbajo y meditabundo me pongo a explicarle.
U.S. Bank Trust National Association v. The Commonwealth of Puerto Rico, Alejandro García Padilla and Dr. Celeste Freytes González[2]
Y yo que empiezo a hablar con don Balta, le digo que demandaron a la iupi y me pregunta, ¿y por qué, diantres?
–Es que hay un banco, –le digo–, que recibe los chavos de la iupi y se los paga a los prestamistas. Ese póngale que se llama el Fideicomiso y tiene un contrato con la iupi de tres partes: la iupi que es la que pone la torta, los prestamistas (bonistas) que son lo que reciben el beneficio (se les llama fideicomisarios) y el propio banco (le llaman fiduciario) que es el administrador y encargado de que los chavos le lleguen desde la iupi e irlos pagando a los prestamistas.
–Sí Licen, pero en arroz y habichuelas.
– Lo que pasa es que aquí se pasó la Ley de Moratoria y la Orden Ejecutiva del Gobe para que el ela no le pague a los bonistas. Entonces vinieron los americanos y pasaron otra ley, PROMESA, que también dice que el ela no tiene que pagar, y que va por encima de las leyes que nosotros aprobemos aquí. O sea, como se dice, que PROMESA ocupa el campo. Según PROMESA no se puede demandar al ela por no pagar hasta el 15 de febrero de 2017. Pero, como Dios según da la llaga da el remedio, PROMESA hace unas excepciones, de cuándo se puede demandar al ela, aunque sea antes del 15 de febrero de 2017. Entre esas excepciones está que el impago represente daño irreparable para los bonistas. Y eso es lo que están alegando los muchachos de la demanda. Estos abogados que están representando al Fideicomiso alegan también que el no pagar viola disposiciones constitucionales, de la federal y de la territorial: el Taking Clause (que dice que nadie podrá ser privado de su propiedad para uso público sin la debida compensación) y 2) y la Contracts Clause (que dice que el Estado no pasará leyes que en forma alguna menoscaben la obligación de los contratos).
El Fideicomiso y el Trustee Contract[3]
–Oiga, y para qué tanto embeleco, ¿por qué la iupi no le paga directamente a los prestamistas?
–Eso es para que los prestamistas tengan más confianza y para que sea el Fideicomiso el que se encargue de cobrarle a la iupi, pagar, mandar cartas de cobro, o sea, para que el Fideicomiso se encargue de toda la administración de la deuda. Ah, dicho sea de paso, el Fideicomiso tiene un fondo de reserva, 42 millones, que están ahí por si acaso, pero que si el ela no paga, se acaban este año. Fíjese Don Balta que todo esto del intermediario era para que los prestamistas tuvieran confianza en la transacción. Además así lo dispuso una ley de 1958, de cuando usted era muchacho (Ley 50 de 18 de junio de 1958, según enmendada), que autoriza a la iupi a coger prestado y a que sea un fideicomiso el que maneje el nitty gritty de los pagos. Eso del fideicomiso se hizo para que los bonistas tuvieran confianza de que se les garantizarían sus pagos y sus chavos no quedaran en el aire.
Por eso el Fideicomiso es quien demanda a la iupi, no son los prestamistas directamente, y es el Fideicomiso porque, como quien dice, es él quien tiene que dar la cara a los cobradores.
–Pero, ¿y qué le importa al Fideicomiso si la iupi es malapaga y no le paga a los prestamistas?
–Caramba Don Balta, porque ese es precisamente el trabajo del Fideicomiso, puyar a la iupi si ve que la iupi no quiere pagar y garantizarle a los bonistas (a los prestamistas) que sus chavos estarán seguros.
–Oiga Licen, pero ¿por esa zanganá tanto barullo?
–¡Ay Don Balta!, lo que pasa es que la cosa es más complicada. Fíjese que los americanos pasaron una ley que se llama PROMESA, se la voy a decir en el difícil “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Security Act of 2016”[4]
–Adió, PROMESA, igual que la condená guinea, pa' completar.
–Sí don Balta, igual. Pues esa ley es para rehabilitar a Puerto Rico, para bregar con la deuda que nosotros tenemos y como quien dice poner la casa al día. El problema es que esa ley dice que al ela no lo pueden demandar sus acreedores hasta febrero 15 del 2017.
La Ley de Moratoria y la Orden Ejecutiva 31: El fin de la fábula de la autonomía universitaria
–Pero Don Balta, es que la cosa es todavía más complicada. Porque el Gobe García Padilla aprobó una ley, la llamada Ley de Moratoria[5] que lo que quiere decir es que el ela no va a pagar mas que las deudas que según esa ley se quieran pagar. El Gobe también firmó una Orden Administrativa, la Orden Ejecutiva 21,[6] mediante la cual le ordenó a la iupi y a otras corporaciones, que a su vez no paguen a los acreedores que cada una de ellas tenga.
–Pero pare pare pare Licen, ¿y no que la iupi tenía y que autonomía, o sea, que de los portones pa’ dentro de la Universidad ellos mismos eran los que se mandaban?
–La autonomía se fue con Los Panchos, don Balta. Primero, porque PROMESA ocupó el campo y segundo porque el Gobe es el que ordena a quién, cómo y cuándo es que la iupi tiene que pagar. Es como si usted dijera que usted es el que manda en su casa y don Morris el vecino fuera el que decidiera a quién usted le paga sus deudas. ¡Chulería de autonomía! Para muestra un botón: ¿usted se acuerda de lo de las becas presidenciales?
–¿Aquellos seis, del presidente pa’ bajo de la iupi que vendían influencias y regalaban los chavos en forma de becas a diestra y siniestra, según y como se lo ordenaban desde La Finca?
–Esos mismos, don Balta. Bueno, pues fue el Gobe el que terminó con el asunto cuando exoneró de culpa a dos de ellos, a Severino y a Palmira Ríos, cuando dijo que los que criticábamos a estas personas no teníamos ni la mitad de la altura moral que ellos.
–O sea, que cuando es para coger chavos prestados y comprometerse a pagarlos, la iupi tiene autonomía, pero cuando es para usar esos mismos chavos en otras cosas, el Gobe es el que manda, y se fue a jullir la autonomía. Pero siga con lo de la demanda que eso sí que está bueno, y vaya suave que lo mío no son las leyes.
–Ah, verdad, la demanda. Pues mire don Balta, PROMESA impide que el ela sea demandado y como dicen los abogaos esta ley ocupa el campo, eso quiere decir que todo lo que tenga que ver con demandas al ela lo controla PROMESA. Cuando le digo todo, es todo. Incluso la propia demanda del Fideicomiso.
–Pues se acabó el evento, Licen.
El stay impuesto por PROMESA y las alegaciones de U.S. Bank
–No don Balta, lo que pasa es que el Fideicomiso dice que hay ciertas causas por las que se puede levantar el stay que hay hasta 15 de febrero de 2017 (como quien dice el “estate-quieto” que impone a los que quieran intervenir con el ela). Entre esas razones están dos, pero ¡qué dos!, más grandes que las dos de Cayey: 1) que el dejar de pagar a los prestamistas es una expropiación ilegal de propiedad protegida por la Cláusula de Expropiaciones y por la Cláusula de No Intervención en los Contratos de la Constitución, de la constitución federal, la de a verdura, y por la del territorio, por las dos; 2) que la Ley de Moratoria local y la Orden Ejecutiva 31 del Gobierno del ela invaden un campo ocupado por PROMESA.
–Ya me lo complicó Licen. En qué quedamos, ¿no decían que iban contra la PROMESA y ahora resulta que PROMESA ocupa y que el campo y que por eso lo que firmó el Gobe no vale ni el papel en que está escrito? O sea, ¿que la Orden 31 que le dio el Gobe a la iupi para que no pagara no vale, y tendría que pagar? Oiga, esa PROMESA no deja que toquen al ela, como quien dice, que tratándose del ela a PROMESA no hay quien le saque un huevo del nido. Está con el ela como una gata paría en un clóset.
–Vamos cayendo. Si la Moratoria y la Orden 31 del Gobe no pueden impedir el pago a los prestamistas, PROMESA sí lo puede impedir. PERO, aquí es que está el mambo, la propia PROMESA dice cuándo se tendría que pagar, aunque sea antes de febrero 15 de 2017. O sea, cuándo se puede levantar el stay. Ya se las dije don Balta: 1) cuando el ela viole el Taking Clause (que dice que nadie podrá ser privado de su propiedad para uso público sin la debida compensación) y 2) cuando viole la Contracts Clause (que dice que el Estado no pasará leyes que en forma alguna menoscaben la obligación de los contratos). Entonces, el Fideicomiso lo que dice es que el ela le debe chavos y que al no pagárselos se le está quedando con propiedad sin la justa compensación; dice además que Moratoria y Orden 31 menoscaban el cumplimiento de un contrato (el contrato entre la iupi y los prestamistas). Aquí lo interesante es que Fideicomiso pruebe que el no pagarle produce un daño irreparable.
–Licen, pero fíjese, eso está muy bonito, pero cuando no hay, no hay. Es como cuando los muchachos míos eran chiquitos, que doña Santos y yo los sacábamos a pasear y se nos antojaban de algo, oiga, y uno pelao, es que a uno se le cae la cara de vergüenza delante de la gente, pero es que no hay chavos. Si no hay, no hay.
–Ese es el problema, don Balta, que el Fideicomiso dice que sí hay chavos, y de sobra. ¿Cómo, qué? Pues mire: cuando los prestamistas le iban a prestar los chavos a la iupi, le preguntaron qué garantía tenían de que la iupi les pagaría. Entonces la iupi como que se arresmilló, pero encontró una fuente de garantía que nunca, nunca se le iba a acabar: la matrícula de los estudiantes. Y les dijo: la matrícula que pagan los estudiantes dos veces al año es la garantía principal para el pago. Mano da, mano da. Con los chavos que se recaudan de matrícula da para pagar los plazos del préstamo. Por ejemplo, este año se debe pagar a los bonistas (que así también se les dice a los prestamistas) $42.6 millones. Se recogieron en matrícula $89 millones. O sea, que con lo que se cobró de matrícula nada más da y sobra para hacer el pago de este año. Y todo sea dicho, gran parte de esos $89 millones vienen de fondos federales altamente regulados que son para pagar matrícula y no para hacer mariposarios, remodelar la Tumba del Maestro, para los amigos de la Finca, o cualquier otro uso.
–Licen ¿no le decían el Templo del Maestro?
–Ah sí, el Templo. Oiga, y es que estos muchachos abogados del Fideicomiso se las saben todas. Fíjese qué bien les quedó:
- Moratoria: le quita propiedad al Fideicomiso, propiedad a la que tiene derecho, sin las debidas garantías.
- Orden 31: dice que la iupi está en estado de emergencia y que por eso puede no pagarle a los bonistas, pero no dice en qué consiste ese estado de emergencia, aunque la doctora Freytes lo niegue y critique a los que decimos que hay crisis en la iupi, incluyendo a la Legislatura, al Gobe, al Congreso que pasó PROMESA y al Presidente de Estados Unidos que la firmó. Dios mío que solos se quedan los muertos…, decía el poeta.
- PROMESA: ocupa el campo y va por encima de la Moratoria y de la Orden 31 que a su vez se basa en Moratoria.
- Ahora bien, como PROMESA dispone que cuando pueda haber daño irreparable para los acreedores éstos podrán demandar al ela, y como PROMESA ocupa el campo, entonces Fideicomiso tendría derecho a que el ela le pague su anualidad y los intereses, ya que alega daño irreparable de no producirse el pago. Y ello antes del 15 de febrero de 2016 mediante el levantamiento del stay.
–En resumidas cuentas, ¿cuánto es que le debe la iupi a los bonistas, por si me pregunta doña Santos?
Cuánto debe la UPR a los bonistas, cuándo y cómo tiene que pagar
–Aquí dice que le debe en total $431,790,000.00. Ese total se tiene que pagar en plazos. Por un lado, se pagan los intereses dos veces al año: en diciembre 1 de 2016 se deben pagar $10,794,000 y en junio 1 de 2017 se tienen que pagar $10,794,000.00 más. Ahora, el principal se paga una sola vez al año, que son $20,965,000.00 y vence en 1 de junio de 2017. O sea que la deuda, sumando principal e intereses, es de $42.6 millones anuales. Por concepto de matrícula la iupi recibió $89 millones el año que va corriendo. Los muchachos del Fideicomiso dicen que el pago de la deuda no llega ni al 3% de los gastos de la iupi.
–Oiga Licen y cambiando de tema como los locos, acuérdese de los 30 pesos de esta semana que como usted dice “va corriendo”.
Los inventos y cómo terminar de descalabrar la institución
–Ay don Balta, es que la iupi no me ha hecho el depósito directo de esta quincena. Dicen que es que Hacienda no tenía chavos para pagarnos a los empleados de la iupi y que ahora, puestos a inventar para ahorrarse unos centavos en intereses nos van a pagar en cheques de papel, como antes. Oiga, y hablando de inventos, se me olvidaba que se suponía que yo estuviera inventando futuro a lo Víctor Hugo como nos pidió la doctora Freytes, ahora codemandada en todo este lío de los bonos.
–¿Y quién diantres es Víctor Hugo?
–Hombre, don Balta, un escritor francés del siglo 19, que escribió una novela que se llama Los miserables, que dicen que es la obra literaria más importante de ese siglo. En esa obra Hugo le da como a pandereta a la monarquía, al viejo régimen que, traído a Puerto Rico, podemos identificar con La Finca, o sea, el régimen en que los que mandan son los de apellidos agrarios, los amiguitos y los lazos de lealtad personal, más que por el carácter representativo y democrático del estado moderno.
–Ah, eso es como lo de Perelló, que decía que él se debía a los que lo eligieron, y no a los populares que le dijeron que renunciara después que el Pueblo lo eligió. Oiga y hablando de Francia, parece que se está poniendo de moda desde el viajecito que dio el Gobe con Anaudi Hernández para celebrar las elecciones. ¿Qué habrá en Francia que a gente tan principal como a Doña Celeste, el Gobe y a don Anaudi les gusta tanto?
–Pues fíjese, ahí usted dio en el clavo: venció, como quien dice, La Finca, para la que es más importante la lealtad de los camaradas de partido que el carácter representativo del orden constitucional.
–Suave Licen no se me esmande que el tipo era corrupto y estaba enchufao con La Finca. Oiga, y hablando de Víctor Hugo, como que ese escritor es el que menos le pega a la iupi en este momento, digo yo, sin haber leído ni jota.
–Quizá no, don Balta, quizá no, porque lo que muy sabiamente quizás nos quiera meter en el colodrillo doña Celeste es que debemos ir aprendiendo que ser miserable quizás no sea tan malo, que miserables siempre ha habido y que de seguir así, buscando los chequecitos cada quincena, sin querer pagar a los bonistas y desflorando margaritas con las sanciones disciplinarias contra los seis corruptos, en un futuro, podríamos ser los próximos miserables, cosa de no poca monta si se piensa que es para el lustre, honor y gloria de la literatura, honra de la Universidad. De momento tenemos que inventarnos, como le digo, cómo pagarle a los bonistas a diciembre 1 de 2016, qué hacer con la investigación de los seis corruptos profesores hallados incursos en alta corrupción y venta de influencias y si se puede, ver qué se hace con los chequecitos de nómina para que nos los sigan depositando a tiempo.
–Pues como ustedes sigan los consejos de Freytes, fritos los veo. Y me voy que voy a ver por dónde se metió esa contrallá Promesa y si está echá, bendito no la guise Licen. Y acuérdese de los 30 pesos.
Notas de "Buscando a Promesa":
[1] Celeste Freytes González, “Carta a la comunidad universitaria”, 18 de agosto de 2016.
[2] (Case 3:16-cv-02510)
[3] Cf., 18 L.P.R.A. § 822.
[4] P.L. 114-187
[5] Ley Núm. 21 de 2016
[6] OE-2016-21-018 - 30 de junio de 2016